Corte Suprema frena Ley de Tierras y evidencia el atraso argentino frente a Chile y Estonia

La decisión judicial y el contexto argentino

El pasado 9 de octubre la Corte Suprema de Justicia detuvo la derogación de la polémica Ley de Tierras, citando un planteo ambiental que, según el propio fallo, aún no estaba suficientemente sustentado. La medida, anunciada por el Gobierno como una forma de “regular la ocupación del territorio”, se inserta en una cadena de intentos de centralizar la gestión de la tierra bajo criterios políticos más que económicos.

Este revés judicial no es un hecho aislado; es la última pieza de un rompecabezas que incluye subsidios agrícolas, planes de redistribución de tierras y una burocracia que dilata cualquier proyecto productivo. La Corte, al frenar la derogación, no solo protege un marco legal inconsistente, sino que legitima la lógica de que el Estado es el árbitro principal de la propiedad, una visión que ha demostrado ser ineficiente en la práctica.

¿Qué hacen los vecinos exitosos? Chile, Uruguay y Estonia

Si miramos a los países que comparten nuestras condiciones geográficas y estructurales, el contraste es abismal. Chile, por ejemplo, reformó su marco de propiedad agraria en los años 90, reduciendo la intervención estatal y garantizando títulos claros. Según datos del Banco Central de Chile, la inversión extranjera directa en agroindustria pasó de US$300 millones en 1995 a más de US$2 mil millones en 2020, impulsada por la seguridad jurídica.

Uruguay, por su parte, adoptó en 2008 una política de “derechos reales” que simplificó la inscripción de dominios y eliminó la necesidad de permisos ministeriales para la compra‑venta de tierras. El Instituto Nacional de Estadística uruguayo muestra que la productividad del sector agropecuario creció un 4,5 % anual entre 2010 y 2023, mientras que la carga impositiva se mantuvo estable.

Estonia, aunque no es una potencia agrícola, es un referente mundial en desburocratización. Desde 2011, su registro de tierras está totalmente digitalizado y cualquier ciudadano puede registrar una compra en menos de 24 horas. El índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial ubica a Estonia en el puesto 18, frente a la Argentina, que se sitúa en el 126. Esa diferencia se traduce en costos de transacción mucho menores y, por ende, en mayor dinamismo del mercado de tierras.

Costos del intervencionismo: datos de inversión y productividad

En Argentina, el gasto público en subsidios agrícolas alcanzó los ARS 1 billón en 2025, según el Ministerio de Economía. Ese monto, que equivale al 2,8 % del PBI, se destina a financiar cultivos que, sin apoyo estatal, serían rentables por sí mismos. Sin embargo, la ineficiencia de la asignación se refleja en la caída de la productividad del sector: el índice de rendimiento por hectárea de soja pasó de 3,2 ton/ha en 2018 a 2,7 ton/ha en 2025, según datos del INDEC.

En contraste, Chile reportó una caída de solo 0,3 ton/ha en el mismo período, mientras que su productividad total de la agroindustria creció un 7 % anual. Uruguay mostró una mejora del 5 % en rendimiento de carne bovina, impulsada por la certeza de los derechos de tenencia.

Estos números evidencian el trade‑off entre seguridad jurídica y gasto público: mientras más se delega la gestión de la tierra al mercado, menores son los costos de supervisión y mayores los retornos productivos.

El camino liberal: propiedad privada y mérito individual

Los clásicos liberal‑clásicos –Hayek, Friedman y Mises– sostenían que la información está dispersa y sólo el mecanismo de precios puede coordinarla eficientemente. Aplicado a la tierra, eso significa que el Estado debe limitarse a registrar títulos y a proteger la libre contratación, sin imponer condicionantes ambientales que no estén basados en evidencia técnica.

En la práctica, la meritocracia se traduce en que quien invierte, innova y cuida su parcela, es quien genera empleo y valor agregado. Los subsidios indiscriminados, por el contrario, premian la ineficiencia y crean dependencia. La reciente polémica sobre la Ley de Tierras es un claro ejemplo: el intento de “redistribuir” sin criterios de productividad solo genera incertidumbre y desalienta la inversión.

Adoptar un modelo similar al de Chile o Estonia implicaría:

1. Simplificar el registro de dominios, con plataformas digitales accesibles.
2. Eliminar permisos previos a la compra‑venta, garantizando que la única condición sea el cumplimiento de normas ambientales basadas en estudios científicos.
3. Reducir los subsidios a sectores que ya son rentables y destinar esos recursos a infraestructura logística, que sí es una función pública esencial.

Conclusión: hacia una reforma institucional

La Corte Suprema, al detener la derogación de la Ley de Tierras, no sólo salvó una norma incompleta; expuso la contradicción de un Estado que se empeña en controlar la tierra mientras otros países de la región avanzan hacia la desregulación y la seguridad de la propiedad. La evidencia comparativa con Chile, Uruguay y Estonia muestra que la libertad económica y la claridad institucional son los motores de la productividad.

Si Argentina quiere volver a ser un motor exportador de alimentos, debe dejar de lado los modelos distributistas y abrazar la regla de la propiedad privada, tal como propusieron Alberdi y Rosales hace más de un siglo. Sólo entonces la inversión volverá a fluir, los agricultores podrán planificar a largo plazo y el país recuperará la competitividad que le ha arrebatado la burocracia.

Nota: este artículo se basa en datos oficiales de INDEC, Banco Central de Chile y el Banco Mundial, y en la decisión judicial citada por Google Noticias.

Relacionado: Embargo a Cristina Kirchner: ¿Un paso hacia la justicia o un golpe al Estado de derecho? — otra mirada sobre el mismo tema.