Ley de Tierras: un obstáculo más para los emprendedores que quieren producir

El Congreso vuelve a discutir la Ley de Tierras, iniciativa que el Ejecutivo plantea para blindar el DNU 70 frente a la oposición. La medida, anunciada el 30 de septiembre, busca restringir la venta de parcelas rurales a extranjeros y limitar la concentración de la propiedad. Desde la perspectiva del productor, del pyme rural y del exportador, la discusión no es un debate de soberanía, sino una nueva barrera que complica la decisión de invertir, contratar y ampliar.

Un marco legal que ahoga la iniciativa privada

Según Infobae la iniciativa pretende "proteger" la soberanía agropecuaria, pero lo hace imponiendo límites que aumentan la incertidumbre jurídica.

Los emprendedores rurales ya enfrentan trámites extensos para la habilitación de tierras, certificaciones ambientales y acceso a crédito. Añadir una nueva capa regulatoria significa más costos de cumplimiento, mayores tiempos de espera y, en última instancia, menos recursos para invertir en maquinaria, tecnología y contratación. En un país donde la informalidad supera el 40 % del empleo (según datos del INDEC), cualquier medida que eleve la carga administrativa afecta directamente a los pequeños y medianos productores que intentan formalizarse.

El costo de la inseguridad jurídica para la inversión extranjera

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la inversión extranjera directa (IED) en el sector agropecuario cayó un 12 % en el último trimestre, en parte por la percepción de riesgos regulatorios. La Ley de Tierras, al restringir la libre transmisión de propiedades, envía una señal de que el Estado está dispuesto a intervenir en los contratos privados sin una regla clara y predecible.

Hayek ya advertía que la planificación centralizada genera incertidumbre y desalienta la iniciativa privada. Cuando el Estado decide quién puede comprar o vender, se distorsiona el precio de los factores productivos y se reduce la eficiencia del mercado. Para los productores que buscan exportar soja, maíz o carne, la certeza de poder disponer de su terreno es tan importante como la disponibilidad de divisas.

Impacto directo en la cadena productiva

Los efectos no se limitan al titular de la tierra. Un productor que no puede vender una parcela para financiar la compra de una cosechadora nueva verá retrasado el reemplazo de equipos obsoletos, lo que se traduce en menores rendimientos y mayores costos operativos. Los pequeños agroindustrias que dependen de contratos a término con grandes compradores también sufrirán al no poder garantizar la disponibilidad de insumos.

En el sector de la transformación, fábricas de alimentos y exportadores de productos procesados dependen de una cadena de suministro estable. Cada restricción adicional genera cuellos de botella que se traducen en precios más altos para el consumidor final y menor competitividad internacional.

Alternativas de política: menos Estado, más certeza

La solución no pasa por más normas, sino por reducir la intervención y mejorar la seguridad jurídica. La experiencia de países con marcos de propiedad claros —Chile, Uruguay y Polonia— muestra que la certeza de los derechos de los propietarios fomenta la inversión, la innovación y la generación de empleo.

Mises y Friedman coincidían en que el Estado debe limitarse a garantizar los contratos y la defensa de la propiedad, no a decidir quién puede poseerla. En lugar de una Ley de Tierras restrictiva, el Gobierno podría enfocarse en simplificar los trámites registrales, digitalizar los catastros y ofrecer incentivos fiscales a los productores que inviertan en tecnología.

Conclusión: la Ley de Tierras como señal equivocada

Reflotar una normativa que ya ha generado polémica y resistencia no es la respuesta para dinamizar la economía. Cada paso que aumenta la burocracia y la incertidumbre aleja a los emprendedores de la mesa de decisiones, frena la creación de empleo y debilita la balanza comercial.

Si la intención es proteger el DNU 70, la estrategia debe ser distinta: garantizar la estabilidad macroeconómica, reducir el gasto público y eliminar trabas regulatorias que encarecen la producción. Sólo así la Argentina volverá a ser el terreno fértil que los emprendedores y exportadores buscan para crecer.

Relacionado: Caso Laburante vs Kukis: corrupción al descubierto — otra mirada sobre el mismo tema.

FAQ

• ¿Qué es la Ley de Tierras y por qué se está discutiendo ahora? La Ley busca limitar la compra de parcelas rurales por parte de extranjeros y concentradores. El Ejecutivo la vuelve a presentar para defender el DNU 70, que también regula la tenencia de tierras.

• ¿Cómo afecta la Ley a los pequeños productores? Incrementa la burocracia, genera incertidumbre sobre la transmisión de títulos y encarece el costo de oportunidad de invertir en mejoras productivas.

• ¿Existe evidencia de que la inseguridad jurídica desalienta la inversión? Sí. El BCRA reportó una caída del 12 % en la IED agropecuaria en el último trimestre, vinculada a percepciones de riesgo regulatorio.

• ¿Qué medidas alternativas propone el artículo? Simplificar los registros de propiedad, digitalizar catastros y ofrecer incentivos fiscales a la inversión productiva.

• ¿Cuál es la posición de los economistas clásicos sobre este tipo de intervención? Hayek, Friedman y Mises defienden la mínima intervención estatal y la protección de la propiedad privada como pilares de la prosperidad.