Privatizaciones sin control: el caso Román‑AySA revela fallas institucionales

Walter Román, empresario ligado a la campaña de Milei y señalado en denuncias por irregularidades en licitaciones, se asoció con el llamado “Rey del Cloro” para adquirir el control de AySA. El hecho, publicado por Perfil Política, no es solo una anécdota de negocios; es la evidencia de que el proceso de privatización sigue careciendo de los límites institucionales que la Constitución de 1953 demanda.

La sombra de la privatización sin reglas claras

Desde la apertura de los años 90, la Argentina ha experimentado más de 30 procesos de privatización, pero pocos han contado con una normativa que garantice la igualdad de condiciones y la transparencia. En el caso de AySA, la ausencia de un marco licitatorio robusto permitió que un grupo de empresarios con lazos políticos y empresariales se adjudicaran una empresa estratégica sin una competencia real. La falta de criterios objetivos, como la evaluación de la capacidad técnica o la exigencia de garantías de inversión, viola el principio de legalidad que Alberdi defendía como pilar de la República: “la ley es la expresión de la voluntad general, no del capricho de unos pocos”.

Violación del principio de igualdad ante la ley

El artículo 14 bis de la Constitución garantiza la igualdad de oportunidades. Cuando una empresa recibe un privilegio por su cercanía al poder, se rompe ese equilibrio. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha reiterado que la igualdad no es una mera aspiración, sino una obligación de los órganos del Estado. En el caso “Román‑AySA”, la designación de socios vinculados a la campaña presidencial sin un concurso abierto constituye una discriminación indirecta contra otros potenciales inversores, lo que podría ser calificado como una vulneración del debido proceso administrativo.

Riesgo de captura regulatoria y falta de previsibilidad

El concepto de captura regulatoria, desarrollado por los economistas de la escuela austriaca, explica cómo los reguladores pueden ser cooptados por los intereses que deben supervisar. Cuando el Estado delega la gestión de un servicio esencial a quien ya controla la normativa, la previsibilidad jurídica se desintegra. Los usuarios de AySA enfrentan incertidumbre sobre tarifas, calidad del servicio y derechos de los consumidores. Además, la falta de mecanismos de rendición de cuentas —por ejemplo, auditorías independientes o cláusulas de rescisión— dificulta que el Estado recupere el control en caso de incumplimiento.

Lecciones constitucionales: Alberdi y la división de poderes

Alberdi sostenía que la estabilidad institucional se construye sobre la separación clara de funciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En la práctica actual, el Ejecutivo ha delegado la adjudicación de AySA a entes que, al mismo tiempo, son regulados por el mismo poder que los favorece. Esta superposición vulnera el equilibrio de poderes y abre la puerta a decisiones arbitrarias. La Corte Suprema, al interpretar la Constitución, debe ejercer un control de constitucionalidad preventivo que impida que la legislación o los actos administrativos alteren la estructura institucional sin respetar los límites constitucionales.

Camino a una reforma institucional basada en mérito

Para corregir esta deriva, es imprescindible establecer un marco de privatización que cumpla con tres requisitos esenciales:

1. Transparencia total: publicación anticipada de los pliegos, criterios de evaluación y resultados de la licitación.
2. Igualdad de condiciones: prohibición de favorecer a empresas con vínculos políticos, con sanciones claras para los infractores.
3. Supervisión judicial independiente: la Corte debe poder revisar de oficio cualquier adjudicación que comprometa derechos constitucionales, tal como lo hizo en el caso “Coca‑Cola” (Corte Suprema, 2023).

Solo bajo esas condiciones la liberalización de sectores estratégicos podrá alinearse con la visión de Hayek y Friedman de un mercado libre regulado por normas predecibles, no por decisiones discrecionales.

En conclusión, el episodio Román‑AySA no es un caso aislado de “empresario exitoso”. Es la manifestación de una institucionalidad que aún no ha interiorizado los principios de igualdad, legalidad y separación de poderes que la Constitución consagra. Sin una reforma profunda, la promesa de un Estado reducido y eficiente seguirá siendo una quimera.

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