Instituciones

Soberanía y arraigo: el eslogan eterno que no frena la emigración

Comerciante mayor cuenta billetes en mostrador de ferretería de pueblo del interior argentino.
Comerciante mayor cuenta billetes en mostrador de ferretería de pueblo del interior argentino.

Una reunión más en el Palacio sin ventanas al mundo real

La Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados realizó esta semana una reunión informativa bajo el título 'Soberanía y Arraigo'. El nombre suena bien. Suena a nación, a territorio, a pertenencia. El problema es que detrás de esa convocatoria hay, con alta probabilidad, la misma lógica de siempre: diagnosticar desde el Estado un problema que el Estado mismo generó, para proponer soluciones que amplíen el Estado.

No se conocen aún los detalles del proyecto o iniciativa discutida en esa reunión. Pero el título alcanza para disparar la pregunta que ningún diputado parece querer hacerse en voz alta: ¿por qué los argentinos se van?

El país que fue primero y eligió quedarse atrás

En 1950, Argentina era la octava economía del mundo por ingreso per cápita, según datos históricos del Maddison Project. Compartíamos la cima del ranking latinoamericano con Chile y Uruguay, pero nos separaba un abismo del resto de la región. Éramos el destino al que llegaban los inmigrantes europeos huyendo de la guerra y la miseria. El arraigo no era una política pública: era una consecuencia natural de vivir en un país que funcionaba.

Hoy, según el Banco Mundial, Argentina tiene un PBI per cápita que la ubica en el puesto 70 a nivel global, habiendo perdido posiciones de manera casi ininterrumpida desde el golpe de 1930 que inauguró el ciclo de intervención estatal creciente. No fue un accidente geológico ni una maldición climática. Fue una acumulación de decisiones políticas: proteccionismo, gasto público descontrolado, emisión monetaria, destrucción de la moneda, confiscación de ahorros, cepos, retenciones, regulaciones. Cada una de esas decisiones tuvo un padre legislativo o ejecutivo que la defendió con argumentos de soberanía y desarrollo nacional.

Esa es la ironía brutal que el Palacio no procesa: los instrumentos que se usaron para 'defender la soberanía económica' fueron exactamente los que destruyeron las condiciones que hacían que valiera la pena quedarse.

El arraigo no se legisla: se construye con incentivos

Friedrich Hayek lo explicó con una claridad que todavía incomoda a quienes diseñan políticas desde escritorios porteños: los precios —y los incentivos en general— transmiten información que ningún planificador central puede replicar. Cuando un médico joven de Rosario, un ingeniero de Córdoba o un programador de Bahía Blanca decide emigrar a España, Canadá o Uruguay, no está traicionando a la patria. Está respondiendo racionalmente a una señal de precios que dice: acá tu trabajo vale menos, tu ahorro se evapora, tu propiedad no está segura y las reglas cambian cada cuatro años.

Ninguna reunión informativa en el Congreso puede competir contra esa señal. Ningún discurso sobre arraigo puede retener a quien el sistema de incentivos está expulsando activamente.

Lo que sí puede hacer el Estado —y es lo único que puede hacer con alguna eficacia— es dejar de ser el principal factor de expulsión. Bajar la presión impositiva sobre el trabajo y el capital. Dar previsibilidad jurídica y contractual. Defender la propiedad privada con instituciones que funcionen. Permitir que el ahorro se preserve en la moneda que cada ciudadano elija. En síntesis: retirarse de los espacios donde solo hace daño.

La burocracia del arraigo como industria en sí misma

Hay algo más inquietante que la ineficacia de estas iniciativas: su funcionalidad política. Las comisiones que debaten 'desarrollo regional' y 'soberanía territorial' generan empleos para asesores, consultores, coordinadores y técnicos que viven del presupuesto nacional. Producen informes que nadie implementa, reuniones que no tienen seguimiento y marcos conceptuales que se acumulan en servidores del Estado sin transformar ni un metro cuadrado de realidad provincial.

Juan Bautista Alberdi, que entendió la Argentina antes de que existiera como Estado moderno, advirtió que gobernar es poblar —pero poblar con trabajo, con inversión, con libertad económica, no con decretos de arraigo. El país que describió en las Bases era uno abierto al mundo, con reglas claras para el capital y el trabajo, sin el laberinto burocrático que hoy convierte cualquier emprendimiento en una carrera de obstáculos.

La pregunta que habría que hacerle a cada diputado que participó de esa reunión es sencilla: ¿cuántos trámites necesita hacer hoy un productor del interior para exportar su mercadería sin que el Estado se lleve la mayor parte del valor generado? ¿Cuántos registros, habilitaciones, retenciones y tipos de cambio diferenciales median entre su trabajo y su ganancia? Esa es la agenda de arraigo real. Todo lo demás es decoración institucional.

El costo de seguir mirando para adentro

Mientras Argentina debatía soberanía económica durante décadas, Uruguay construyó un sistema de zonas francas y estabilidad macroeconómica que hoy atrae a miles de argentinos calificados. Chile reformó su sistema previsional, abrió su economía y durante treinta años redujo la pobreza de manera sostenida. Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres de Europa occidental a convertirse en hub tecnológico global, básicamente bajando impuestos y atrayendo inversión extranjera. Ninguno de esos países lo logró con reuniones informativas sobre arraigo.

Lo lograron con reglas estables, baja presión fiscal, respeto a los contratos y apertura al mundo. Exactamente lo contrario de lo que Argentina hizo de manera sistemática desde 1930.

Lo que le pedimos al Congreso, si es que escucha

Este medio no cree que el Congreso sea inútil por definición. Creemos que puede hacer cosas concretas y urgentes. Puede desregular. Puede simplificar el código tributario. Puede eliminar retenciones a las economías regionales. Puede dar estabilidad a los contratos de largo plazo en el agro y la minería. Puede aprobar reformas que reduzcan el costo laboral no salarial que destruye el empleo formal en el interior del país.

Todo eso es arraigo real. Todo eso retiene población, atrae inversión y genera trabajo genuino. No requiere reuniones informativas con ese nombre: requiere valentía política para tocar intereses corporativos, sindicales y burocráticos que se benefician del statu quo.

La Argentina que se fue —la del top ten mundial de mediados del siglo XX— no vuelve con eslóganes. Vuelve, si vuelve, con instituciones que funcionen y un Estado que entienda sus límites. Ese es el único arraigo posible.

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Fuentes citadas

  1. Cámara de Diputados — Reunión Comisión Economía y Desarrollo Regional — Noticia original sobre la reunión informativa de la comisión parlamentaria sobre Soberanía y Arraigo.
  2. Maddison Project Database — University of Groningen — Base de datos histórica de PBI per cápita por país desde 1820. Fuente para la posición relativa de Argentina en el siglo XX.
  3. Banco Mundial — PBI per cápita Argentina — Serie histórica del PBI per cápita argentino en dólares corrientes, para comparación internacional contemporánea.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Comisión de Economía y Desarrollo Regional de Diputados?
Es una de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, encargada de analizar proyectos vinculados al desarrollo económico territorial, las economías regionales y la distribución de recursos entre provincias.
¿Por qué emigran los argentinos calificados?
Las principales razones documentadas son la inestabilidad macroeconómica, la presión impositiva elevada, la destrucción del ahorro por inflación, la inseguridad jurídica y la falta de perspectivas de movilidad social. Son respuestas racionales a incentivos negativos, no déficit de identidad nacional.
¿Cuál era la posición de Argentina en el mundo a mediados del siglo XX?
Según datos del Maddison Project de la Universidad de Groningen, Argentina se ubicaba entre las diez economías con mayor ingreso per cápita del mundo hacia 1950, muy por encima del promedio latinoamericano y comparable a países de Europa occidental.
¿Qué políticas concretas podrían generar arraigo real en el interior del país?
Desde una perspectiva de libre mercado: eliminación o reducción drástica de retenciones a las economías regionales, simplificación tributaria, desregulación de trámites para exportar, estabilidad en los contratos de largo plazo y reducción del costo laboral no salarial que inhibe la contratación formal.
¿No es función del Estado ocuparse del desarrollo regional?
El debate es sobre qué tipo de intervención. Hay funciones legítimas del Estado en infraestructura, seguridad jurídica y provisión de bienes públicos. El problema es cuando 'desarrollo regional' se convierte en sinónimo de subsidios, regulaciones y burocracia que terminan desincentivando la inversión privada que sí genera empleo genuino y arraigo sostenible.