Bullrich denuncia pacto Irán kirchnerismo: la memoria que incomoda

Qué denunció Patricia Bullrich sobre el pacto entre Irán y el kirchnerismo

Bullrich denunció públicamente que el Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 entre el gobierno de Cristina Kirchner y la República Islámica de Irán fue un intento de garantizar impunidad a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. El acuerdo, declarado inconstitucional por la Cámara Federal en 2014, fue el objeto central de la denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte.

La ministra de Seguridad ratificó en distintas apariciones públicas la tesis que ya venía sosteniendo desde su rol opositor: que el kirchnerismo negoció con un régimen señalado por la Justicia argentina como responsable del peor atentado terrorista de nuestra historia. Y lo hizo, según su denuncia, buscando levantar las alertas rojas de Interpol contra los imputados iraníes.

El mismo Memorándum que decían que traía "justicia": ahora reconocen que traía impunidad

El 27 de enero de 2013, en Addis Abeba, el canciller Héctor Timerman firmó con su par iraní Ali Akbar Salehi el llamado Memorándum de Entendimiento. La versión oficial hablaba de una "comisión de la verdad" para destrabar la causa AMIA. La realidad, según la denuncia de Nisman, era otra: crear un mecanismo paralelo a la Justicia argentina que permitiera desvincular a los iraníes acusados.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso en febrero de 2013 con los votos del oficialismo, pero nunca entró en vigencia porque Irán jamás lo ratificó. Aun así, en mayo de 2014, la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional por avanzar sobre las competencias del Poder Judicial. Fue una derrota jurídica que el kirchnerismo intentó minimizar durante años.

Lo que hoy Bullrich denuncia con nombre y apellido —Cristina Kirchner, Timerman, Carlos Zannini, Andrés Larroque, Luis D'Elía, Fernando Esteche— es que el pacto fue el vehículo institucional de una operación política. Cristina fue procesada por traición a la patria y encubrimiento en 2017 en la causa que impulsó Nisman, aunque el tribunal oral la sobreseyó en 2021, en una decisión que la propia Cámara Federal revisó y devolvió a instancias inferiores.

Cronología del papelón: de la firma a la muerte de Nisman

La secuencia importa porque define quién dice qué y cuándo:

• 18 de julio de 1994: atentado a la AMIA. 85 muertos.
• 2006: Nisman, como fiscal de la causa, imputa formalmente a ocho ciudadanos iraníes y libaneses, incluidos ex ministros del régimen.
• 2007: Interpol emite las alertas rojas contra cinco de los acusados.
• 27 de enero de 2013: se firma el Memorándum con Irán.
• Mayo de 2014: la Cámara Federal lo declara inconstitucional.
• 14 de enero de 2015: Nisman denuncia a Cristina Kirchner y Timerman por encubrimiento.
• 18 de enero de 2015: Nisman es hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, horas antes de exponer en el Congreso.

La causa por la muerte del fiscal fue caratulada como homicidio en 2018 por la Cámara Federal, revirtiendo la hipótesis inicial de suicidio. Diez años después, el crimen sigue impune. Es una herida abierta que la seguridad institucional argentina no puede seguir barriendo bajo la alfombra.

Los datos que el relato no muestra

La narrativa oficial del kirchnerismo durante una década sostuvo que el Memorándum era una herramienta diplomática legítima para "traer justicia". Los documentos judiciales cuentan otra historia. La denuncia de Nisman, de 289 páginas, describía un plan concreto: usar el acuerdo para levantar las notificaciones rojas de Interpol y "fabricar la inocencia" de los iraníes imputados.

El entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble, declaró en la causa que Timerman le pidió gestionar la baja de las alertas rojas. Timerman lo negó, pero los correos electrónicos incorporados al expediente confirmaron la versión de Noble. Fue el fin de la coartada diplomática.

A esto se suma el testimonio en la causa de dirigentes de la comunidad judía argentina, incluidos ex directivos de la DAIA, que denunciaron presiones del gobierno kirchnerista para acompañar el Memorándum. La impunidad como sistema no fue una casualidad: fue un método.

El giro del gobierno Milei: de la ambigüedad al alineamiento explícito

El contraste con el gobierno actual es directo. En julio de 2024, en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA, la administración Milei designó formalmente a Hamas como organización terrorista y avanzó con la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), a cargo de la UIF.

Es una ruptura con dos décadas de política exterior ambivalente. Argentina ya no vota en Naciones Unidas junto al bloque no-alineado en cuestiones vinculadas a Israel e Irán, y cerró filas con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea en materia de sanciones. Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, coordinó operativos conjuntos con el Mossad y la DEA en la Triple Frontera, según información publicada por Infobae y La Nación.

Se puede discutir la conveniencia geopolítica de un alineamiento tan explícito —Argentina tiene intereses comerciales con países que orbitan a Irán, y el costo diplomático existe—. Lo que no se puede discutir es que hay una posición, y que esa posición es coherente con lo que dice la Justicia argentina desde 2006.

Por qué esto importa para la cultura del mérito y las instituciones

Puede parecer un salto temático, pero no lo es. Un país donde el poder político firma pactos secretos con regímenes acusados de terrorismo, donde un fiscal aparece muerto antes de declarar en el Congreso, y donde el crimen sigue impune diez años después, es un país donde las reglas del juego institucional están rotas.

Y donde las reglas están rotas, no hay mérito posible. El emprendedor que apuesta a largo plazo, el investigador que quiere quedarse en el país, la pyme que decide invertir en infraestructura: todos operan con la sospecha razonable de que el sistema no los va a proteger si el poder político decide lo contrario. Esa es la conexión directa entre AMIA, Nisman y la economía real que produce.

La denuncia de Bullrich no es solo sobre el pasado. Es sobre qué tipo de país queremos construir: uno donde la política exterior se subordina a intereses ideológicos o alianzas de conveniencia, o uno donde las instituciones —incluidas las que investigan atentados terroristas— tienen autonomía real.

Y encima: la deuda pendiente

A 31 años del atentado a la AMIA y a 10 años de la muerte de Nisman, ni un solo iraní imputado fue juzgado por la Justicia argentina. Las alertas rojas de Interpol siguen vigentes, pero ninguno de los acusados pisó territorio donde puedan ser detenidos. El pedido de captura internacional sigue formalmente abierto.

El gobierno Milei impulsa ahora que los juicios en ausencia sean legalmente posibles en Argentina, una figura que existe en varios países europeos y que permitiría avanzar con condenas simbólicas y presión internacional. El proyecto tiene media sanción en Diputados desde 2024.

Si la denuncia de Bullrich sobre el pacto Irán-kirchnerismo tiene un valor concreto, no es el de la revancha política. Es el de forzar una conversación que la Argentina venía esquivando: cuánto vale, para un Estado, la vida de 85 personas asesinadas en un atentado. Y qué precio institucional se paga cuando la respuesta es "depende con quién estemos negociando".