Educación y meritocracia: las claves del futuro argentino

La discusión sobre el futuro argentino suele quedarse en macroeconomía: déficit fiscal, tipo de cambio, deuda. Todo eso importa, pero hay una capa más profunda que rara vez se debate con seriedad: qué tipo de personas está formando el sistema educativo y si esa formación es compatible con un país que quiere producir, competir y crecer. Sin una base educativa que reconozca el esfuerzo individual, cualquier plan económico se estrella contra un capital humano cada vez más débil.

El problema no es solo de recursos —Argentina gasta en educación por encima del promedio regional— sino de resultados y de la lógica implícita que ordena el sistema. Una cultura que desconfía del mérito termina construyendo una escuela que desconfía del aprendizaje.

El diagnóstico que ya no se puede esquivar

Las pruebas Aprender 2023 mostraron que alrededor de la mitad de los estudiantes de sexto grado no alcanza los niveles satisfactorios en lengua, y en matemática la situación es aún peor. En secundaria, los resultados PISA 2022 ubicaron a la Argentina detrás de Chile, Uruguay y México en las tres áreas evaluadas. No hablamos de matices: hablamos de chicos que terminan la escolaridad obligatoria sin poder interpretar un texto de mediana complejidad.

El dato más incómodo es que este deterioro es sostenido. No es un mal año ni una consecuencia puntual de la pandemia —aunque la pandemia agravó todo—. Es una tendencia de décadas, que corrió en paralelo al crecimiento del gasto educativo consolidado. Más plata, peores resultados: el mismo patrón que caracteriza a buena parte del Estado argentino, tal como discutimos en Instituciones y desarrollo económico.

El sistema aprendió a maquillar el fracaso: se promociona sin saber, se aprueba sin leer, se recibe sin escribir. La titulación se volvió un trámite. Y cuando el título deja de certificar competencias, deja también de ser un instrumento de movilidad social.

Meritocracia no es darwinismo

Hay una caricatura instalada según la cual defender el mérito equivale a defender el privilegio. Es exactamente al revés. En una sociedad sin mérito, el que llega es el que ya venía con red: contactos, apellido, herencia. El mérito, correctamente entendido, es el mecanismo que permite que alguien que nació en Fuerte Apache o en un pueblo de Formosa pueda superar a alguien que nació en Recoleta si trabaja más y mejor.

Eso requiere reglas claras: evaluaciones objetivas, exigencias parejas, consecuencias reales por no cumplir. Requiere también admitir un trade-off que la retórica progresista suele ocultar: si todos los resultados son válidos, ninguno lo es. Si aprobar y no aprobar terminan en el mismo lugar, el esfuerzo se vuelve irracional.

Hayek lo escribió con claridad hace medio siglo: una sociedad libre no garantiza resultados iguales, pero sí puede garantizar reglas iguales. La escuela debería ser el primer lugar donde esa idea se practica. Hoy es, con demasiada frecuencia, el primer lugar donde se desmiente.

Educación y movilidad: el vínculo roto

Durante buena parte del siglo XX, la escuela pública argentina fue una máquina de ascenso social. Hijos de inmigrantes se recibieron de médicos, ingenieros, maestros. Ese ascensor funcionó porque la escuela exigía y porque, cuando exigía, certificaba algo real.

Hoy ese ascensor está detenido. Los estudios sobre movilidad intergeneracional en Argentina muestran que el origen socioeconómico predice cada vez mejor el destino educativo y laboral. Las familias de clase media que pueden pagan colegios privados; las que no pueden, quedan atrapadas en una escuela pública que en muchos distritos no garantiza días de clase, mucho menos aprendizaje.

Esta fractura tiene consecuencias productivas evidentes. Un país que necesita reconvertirse hacia sectores intensivos en conocimiento —software, biotecnología, energía, minería con valor agregado— no puede hacerlo con la mitad de su población joven sin comprensión lectora. La agenda del sector productivo post-Milei depende, en buena medida, de qué tan rápido se corrija esto.

Qué se puede hacer desde una mirada liberal

Hay medidas concretas que un enfoque republicano y pro-mercado puede impulsar sin necesidad de refundar nada. Algunas se están discutiendo, otras deberían discutirse:

• Evaluación censal obligatoria y publicada: cada escuela debería saber —y las familias también— dónde está parada. Sin diagnóstico transparente no hay mejora posible.
• Voucher educativo o financiamiento a la demanda: que el dinero público siga al alumno y no a la estructura burocrática. Chile y Suecia tienen experiencias de las que se puede aprender, incluyendo sus errores.
• Autonomía escolar real: que los directores puedan elegir a sus equipos docentes, definir proyectos pedagógicos y rendir cuentas por resultados.
• Carrera docente por mérito: reconocer y pagar mejor a los mejores maestros, no solo a los que acumulan antigüedad.
• Recuperación de la evaluación como práctica cotidiana: sin promoción automática encubierta, con acompañamiento pero con estándares.

Nada de esto es mágico ni gratis. Cada punto tiene costos políticos altos y resistencias corporativas conocidas. Pero seguir haciendo lo mismo tiene un costo mayor, solo que menos visible: se paga en chicos que no aprenden y en un país que no crece.

El emprendedurismo empieza en el aula

La cultura del mérito no se enseña con una materia. Se transmite por la forma en que se organiza la escuela: si el que estudia más obtiene mejores notas, si el que se esfuerza recibe reconocimiento, si el que hace trampa tiene consecuencias. Son señales que forman carácter mucho antes de que ese chico decida si va a abrir un kiosco o fundar una startup.

Las historias de éxito del emprendedurismo que la Argentina exhibe —Mercado Libre, Globant, Satellogic— tienen algo en común: fundadores formados en entornos donde el esfuerzo pagaba. Ese entorno hoy es más la excepción que la regla, y por eso muchos de esos proyectos terminan escalando desde afuera.

El mérito, además, es lo que separa una economía de mercado sana de un capitalismo de amigos. Cuando el éxito depende del lobby y no de la productividad, se pudre todo el sistema de incentivos. Formar generaciones que entiendan esa diferencia —y que la exijan— es tan importante como cualquier reforma impositiva. Lo desarrollamos también en Economía y libertad: el pacto que la Argentina viene rompiendo.

El rol de las familias y la sociedad civil

Un punto que la discusión educativa suele soslayar es que la escuela no puede sola. Ningún sistema educativo del mundo compensa por completo lo que pasa —o no pasa— en la casa. La lectura en el hogar, las expectativas familiares sobre el estudio, la valoración del conocimiento como algo deseable en sí mismo, son variables que ninguna política pública reemplaza.

Esto no exime al Estado de su responsabilidad; la refuerza en un sentido específico. La política educativa debe empoderar a las familias, no reemplazarlas. Darles información, opciones y voz. La sociedad civil —fundaciones, iglesias, ONGs, empresas comprometidas— tiene un rol enorme que el estatismo pedagógico argentino históricamente miró con sospecha.

Un país que quiere volver a producir necesita volver a discutir estas cosas sin miedo a los tabúes ideológicos. La meritocracia no es una palabra sucia. Es, bien entendida, el nombre técnico de la justicia en una sociedad libre.

Cerrar la brecha entre el discurso y el aula

Se habla mucho de innovación, economía del conocimiento y cuarta revolución industrial. Nada de eso ocurre si en el aula de sexto grado se sigue promocionando a quien no puede leer un enunciado. La distancia entre el discurso oficial —de cualquier gobierno— y la realidad de las escuelas es el mejor indicador de por qué la Argentina lleva medio siglo prometiendo un despegue que no llega.

Las ideas de Hayek y Friedman aplicadas a la Argentina tienen un correlato educativo directo: libertad de elección, competencia entre proyectos pedagógicos, información transparente, responsabilidad por resultados. No hay milagros. Hay decisiones, y las decisiones tienen costos.

El futuro del país no se juega solo en el Banco Central. Se juega, todos los días, en cada aula donde un chico decide si vale la pena estudiar o si da lo mismo. Devolverle sentido a esa pregunta es la tarea política más importante y menos glamorosa que tenemos por delante.