Laje, impunidad e Insaurralde: por qué la justicia no llega

Por qué Martín Insaurralde sigue sin condena a pesar del escándalo del yate y las causas abiertas

Insaurralde enfrenta al menos cuatro causas activas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, presunta asociación ilícita y falseamiento de declaraciones juradas, pero ninguna llegó a juicio oral. La fragmentación jurisdiccional entre CABA, San Isidro y Lomas de Zamora, sumada a demoras periciales y a que su patrimonio declarado formal es bajo, retrasaron la elevación a juicio dos años después del escándalo de Marbella en septiembre de 2023.

El mismo Insaurralde que en 2023 renunció "para no dañar al proyecto": hoy sigue sin sentarse frente a un tribunal

Cuando en septiembre de 2023 estallaron las fotos del yate Bandido navegando por Marbella con Sofía Clerici, la reacción política fue inmediata: renuncia como jefe de Gabinete bonaerense, baja de la boleta legislativa, silencio mediático. La reacción judicial fue mucho más lenta. Dos años después, no hay elevación a juicio en ninguna de las causas principales.

El caso combina todos los ingredientes que suelen acelerar un expediente en la Argentina cuando el imputado no tiene fueros: exposición mediática global, documentación gráfica del tren de vida, denuncias cruzadas de organismos de control y de fiscales especializados en criminalidad económica. Y sin embargo, el reloj procesal se movió despacio.

Es el mismo patrón que ya analizamos en Insaurralde y el gasto público: un funcionario que administró miles de millones de pesos del municipio de Lomas de Zamora y después del Ministerio de Jefatura de Gabinete bonaerense, cuya declaración jurada formal muestra un patrimonio modesto y cuya vida cotidiana registrada por cámaras y redes no cierra con esos números.

El mapa de causas: cuatro frentes abiertos, cero condenas

El expediente Insaurralde no es un caso único: son varios, en jurisdicciones distintas, con fiscales distintos y ritmos distintos. Esa dispersión, más que un accidente, es parte del problema.

• Enriquecimiento ilícito (fuero federal, CABA): denuncia impulsada tras el escándalo de Marbella. Incluye análisis patrimonial retroactivo.
• Lavado de activos: derivación de la anterior, foco en movimientos de Clerici y presuntos testaferros.
• Falseamiento de declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción: la denuncia formal quedó radicada tras la publicación de las fotos.
• Presunta asociación ilícita vinculada a la gestión en Lomas de Zamora: causa más antigua, con denuncias que preceden al escándalo del yate.

A esto se suman denuncias periféricas por uso de aviones privados, viajes al exterior no declarados y actividad inmobiliaria de allegados. Ninguna llegó a juicio oral. La mayoría sigue en etapa de instrucción, con pericias contables pendientes.

El contraste con otros expedientes K es didáctico. La causa Vialidad contra Cristina Kirchner tardó años, pero llegó a sentencia de primera instancia en 2022 y a confirmación en Casación en 2024. Boudou tiene condena firme por Ciccone desde 2020. Julio De Vido acumula condenas por Once y Río Turbio. Insaurralde, con evidencia gráfica reciente, está bastante más atrás en la fila.

Los datos que nadie muestra: patrimonio declarado vs. tren de vida

Según la última declaración jurada pública disponible ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al ejercicio 2022, Insaurralde declaró un patrimonio de alrededor de $28 millones, distribuido entre inmuebles, un vehículo y activos financieros. Con la cotización del dólar oficial de ese entonces, el número rondaba los USD 150.000.

Ese número entra en tensión con lo que se conoció después: un yate alquilado en Marbella cuya renta semanal supera fácilmente los USD 15.000, joyas exhibidas en redes por Clerici valuadas en decenas de miles de dólares, viajes documentados a Estados Unidos y Europa. Ninguno de esos gastos, por sí solo, prueba un delito. Pero acumulados y contrastados contra la DDJJ oficial, son exactamente lo que el Código Penal argentino describe cuando tipifica el enriquecimiento ilícito en el artículo 268(2).

La pregunta que sobrevuela el expediente es simple: si un ciudadano común hiciera esa comparación DDJJ-vs-consumo ante AFIP, ¿cuánto tardaría en tener una determinación de oficio? La respuesta habitual son meses, no años. La asimetría entre el rigor tributario sobre el contribuyente y la lentitud judicial sobre el funcionario es una de las patologías institucionales que venimos señalando en Instituciones y desarrollo económico.

Cronología del papelón judicial

Una reconstrucción breve del recorrido procesal permite ver dónde se traba el expediente.

1. Septiembre 2023: se publican las fotos del yate. Insaurralde renuncia a Jefatura de Gabinete bonaerense y baja de la lista de diputados.
2. Octubre 2023: se radican las primeras denuncias por enriquecimiento ilícito ante la justicia federal de CABA. La Oficina Anticorrupción abre actuaciones administrativas.
3. Fines de 2023 y 2024: pedidos de allanamiento sobre propiedades vinculadas, secuestro de documentación, análisis de movimientos bancarios. Sofía Clerici es indagada.
4. 2024: pericias contables retrasadas. Cambios de fiscal en algunas de las causas por sorteo o excusación.
5. 2025: causas todavía en instrucción; no hay elevación a juicio oral en las principales. Las audiencias que se convocaron fueron mayoritariamente indagatorias o de prueba, no debates orales.

El contraste con la velocidad del escrache mediático es enorme. Y con la velocidad con la que otros funcionarios K terminaron con condena firme, también. No es un problema exclusivo de este caso: es el mismo diagnóstico estructural que hicimos en Economía y libertad: el pacto roto.

Y encima: los incentivos del sistema

Acá conviene bajar del reproche moral al análisis institucional, que es lo que hacen Hayek y Buchanan cuando miran cómo el diseño de reglas produce resultados. La justicia federal argentina opera con una combinación tóxica: pocos juzgados, muchas causas, plazos indicativos que nunca se cumplen, y un sistema de designación de peritos y fiscales que permite dilaciones estratégicas por parte de la defensa.

En ese marco, un imputado con recursos y con abogados especializados en criminalidad económica puede estirar la instrucción por años. No hace falta corrupción explícita: alcanza con recusaciones, planteos de nulidad, pedidos de ampliación de pericias y cambios de estrategia procesal. El sistema, tal como está diseñado, premia esa conducta.

A eso se suma el factor jurisdiccional. La vida política de Insaurralde transcurrió en Lomas de Zamora (municipio), La Plata (gobernación), y CABA (residencias y actividad social). Cada uno de esos territorios genera fueros y competencias distintas. Fragmentar es demorar. Y demorar, en materia penal, muchas veces termina siendo absolver.

La comparación que incomoda: condenas firmes vs. expedientes eternos

Mientras el caso Insaurralde avanza a paso de tortuga, otros expedientes K muestran que la justicia argentina puede llegar a sentencia cuando el ecosistema procesal se alinea. La condena a Cristina Kirchner en Vialidad, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024, es un ejemplo. La condena firme a Boudou por Ciccone, ratificada por la CSJN en 2020, otro.

La diferencia no es de gravedad, ni de evidencia, ni de exposición mediática. La diferencia es procesal: en esos casos, la elevación a juicio oral se concretó. En el caso Insaurralde, todavía no. Y esa etapa —el paso de instrucción a juicio— es donde se define si un expediente termina en sentencia o en prescripción.

El artículo 62 del Código Penal establece plazos de prescripción según la escala penal del delito. Para enriquecimiento ilícito, con pena máxima de 6 años, la prescripción opera en general al cumplirse ese lapso desde el último acto interruptivo. En expedientes que se estiran, el reloj no es abstracto: es un aliado concreto de la defensa.

Qué mirar en los próximos meses

Hay tres indicadores que van a decir mucho sobre si este caso termina en juicio o en olvido. Primero, si alguna de las causas es elevada formalmente a juicio oral en el próximo año. Segundo, si las pericias contables pendientes se concretan sin más demoras. Tercero, si la Oficina Anticorrupción y la UIF sostienen su rol de querellantes activos, en un contexto político que cambió pero donde la burocracia judicial sigue funcionando con lógica propia.

El caso Insaurralde importa más allá del personaje. Es un test sobre si la Argentina puede aplicar la ley sin fueros ni sin fueros fácticos, sobre políticos poderosos que ya no están en el poder. También es un test sobre la coherencia del sistema: si Cristina y Boudou tienen condenas y él no, la explicación no puede ser política. Tiene que ser procesal, y tiene que ser explicable.

El liberalismo no pide venganza. Pide previsibilidad: que las reglas se apliquen igual para todos, en plazos razonables. Ese es el pacto institucional que la Argentina viene rompiendo hace demasiado tiempo, y que ningún programa económico serio puede reparar solo. Sin justicia que funcione, la seguridad jurídica que reclama cualquier inversor sigue siendo una promesa vacía. Y sin seguridad jurídica, la Argentina que produce sigue esperando.