Quien usa, paga: el principio que Argentina olvidó

El escándalo de lo obvio

El presidente Javier Milei declaró, según informa La Nación, que los extranjeros que vienen al país a usar servicios públicos deberían abonarlos, porque "eso de que vengan, usen nuestros recursos y se vayan no va". La declaración generó, previsiblemente, el revuelo habitual. Algunos la leyeron como un gesto antiinmigrante. Otros, como una provocación electoral. Casi nadie se detuvo en lo más interesante: que en cualquier país con instituciones medianamente sanas, esta afirmación sería tan banal que no merecería cobertura periodística.

El hecho de que en Argentina resulte controversial decir que los servicios tienen costo y que quien los usa debería contribuir a financiarlos dice mucho más sobre nosotros que sobre Milei. Habla de cuánto hemos internalizado, como cultura, la idea de que los recursos públicos son un bien sin dueño, una fuente inagotable de la que se puede beber sin rendir cuentas.

La pedagogía del acceso gratuito

Argentina construyó durante décadas una pedagogía silenciosa pero devastadora: la de que el Estado provee, y que preguntar quién paga la cuenta es, en el mejor de los casos, de mal gusto, y en el peor, una señal de egoísmo o de derecha.

Esa pedagogía no se enseña en los libros. Se transmite en la práctica cotidiana. En el hospital público al que se accede sin distinción de residencia ni de contribución previa. En la universidad gratuita que recibe estudiantes de todo el continente sin que medie ningún mecanismo de reciprocidad. En los subsidios a servicios que durante años mantuvieron tarifas artificialmente bajas para todo el mundo, argentino o no, rico o pobre, residente o turista.

No se trata de negar el valor de la educación pública ni de la salud universal. Se trata de reconocer que ningún bien es realmente gratuito: alguien lo financia, y cuando ese alguien no está claramente identificado, el costo recae, como siempre, sobre el contribuyente que trabaja, que declara, que paga impuestos. El populismo distribucionista no elimina los costos: los redistribuye de manera opaca, cargándolos sobre quienes menos pueden esquivarlos.

El mérito como principio de justicia

Hay una dimensión filosófica en esta discusión que la cobertura política suele ignorar. La pregunta de fondo no es si los extranjeros son bienvenidos o no —lo son, y la Argentina que produce los necesita—, sino si el acceso a bienes y servicios debe guardar alguna relación con la contribución de quien los usa.

Esa relación es, precisamente, el núcleo de la meritocracia entendida en sentido amplio. No como un sistema en el que solo triunfan los más inteligentes o los más afortunados, sino como uno en el que existe una correspondencia reconocible entre el esfuerzo, la contribución y el beneficio obtenido. Cuando esa correspondencia se rompe sistemáticamente —cuando el acceso se desvincula por completo de cualquier forma de reciprocidad—, no se produce justicia social: se produce desincentivo, resentimiento y, a la larga, colapso del sistema que se quería sostener.

Mises lo planteó con claridad: una economía —y una sociedad— que no establece señales de precio termina asignando mal sus recursos. No porque los funcionarios sean malvados, sino porque sin precios, sin costos visibles, sin responsabilidad individual, nadie tiene información suficiente para tomar decisiones racionales. El turista que usa una guardia de emergencia sin pagar nada no es necesariamente un abusador: simplemente está respondiendo a los incentivos que el sistema le ofrece. El problema es el sistema, no el individuo.

Lo que el debate no dice

La reacción indignada ante la propuesta de Milei revela una confusión conceptual que vale la pena despejar. Establecer que los extranjeros paguen servicios no es lo mismo que negarles el acceso. Es lo mismo que hace cualquier sistema de salud europeo, cualquier universidad con matrícula diferenciada para no residentes, cualquier país que distingue entre quien contribuye al sistema y quien lo usa ocasionalmente.

España, Alemania, Australia, Canadá: todos tienen mecanismos —más o menos sofisticados— para que el acceso a servicios públicos guarde alguna relación con la condición de residente o contribuyente. Nadie los acusa de xenofobia por eso. En Argentina, en cambio, plantear lo mismo se convierte automáticamente en debate identitario, lo cual es una señal más de cuán distorsionada está nuestra conversación pública.

Lo que el debate tampoco dice es que la propuesta, en su versión más razonable, no apunta a los inmigrantes que vienen a trabajar, a radicarse, a construir algo en este país. Apunta al turismo de salud, a la práctica —documentada y creciente— de venir a Argentina exclusivamente para acceder a prestaciones médicas o educativas sin ninguna intención de integrarse ni de contribuir. Eso no es integración: es aprovechamiento de una asimetría que nosotros mismos creamos y que nosotros mismos financiamos.

Una reforma cultural antes que fiscal

El verdadero desafío que plantea esta discusión no es técnico ni administrativo. Es cultural. Argentina necesita reconstruir la noción, erosionada por décadas de demagogia, de que los recursos tienen dueño, que los servicios tienen costo, y que la solidaridad genuina no es lo mismo que la provisión indiscriminada financiada con deuda o con inflación.

Esa reconstrucción no pasa solamente por aranceles o por regulaciones. Pasa por recuperar una ética de la responsabilidad individual que el populismo sistemáticamente destruyó. Pasa por enseñar —en las familias, en las escuelas, en el debate público— que pedir que cada quien se haga cargo de lo que consume no es crueldad: es el fundamento de cualquier sistema sostenible.

Alberdi lo entendía cuando hablaba de gobernar es poblar, pero también de que la prosperidad no se decreta: se construye con trabajo, con ahorro, con instituciones que protejan el esfuerzo de quien produce. Un Estado que regala lo que no tiene, que financia con inflación lo que no puede costear, no es generoso: es irresponsable. Y la irresponsabilidad, tarde o temprano, siempre la pagan los mismos: los que trabajan, los que declaran, los que no pueden evadir.

Que una declaración tan elemental como "quien usa, paga" genere escándalo en Argentina es, en sí mismo, el diagnóstico más elocuente de nuestro problema cultural. El camino de salida pasa, en parte, por dejar de escandalizarse y empezar a razonar.

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