Cultura del mérito

El costo de vivir: cuando el termómetro social miente sobre la fiebre real

El dato como síntoma, no como diagnóstico

Una encuesta reciente, según Enterate Noticias, revela que el 66% de los argentinos considera que la economía está peor que antes, y que el costo de vida desplazó a la inflación como la preocupación más urgente del ciudadano de a pie. El titular circula en redes, genera indignación, alimenta el ciclo de la queja. Y sin embargo, antes de convertirlo en argumento político, vale la pena preguntarse qué estamos midiendo exactamente cuando medimos "percepción económica".

Una encuesta de opinión capta estados de ánimo. No mide la tasa de inversión privada, ni el costo laboral real, ni la productividad por sector. Mide angustia. Y la angustia argentina tiene capas que van mucho más allá del índice de precios al consumidor.

La inflación cede, pero el umbral del dolor no

Hay algo paradójico en el desplazamiento que describe la encuesta: la inflación baja —y los datos del INDEC confirman una tendencia a la desaceleración sostenida desde el segundo trimestre de 2024— pero el costo de vida sube como preocupación. ¿Cómo se explica eso?

Parte de la respuesta es técnica: cuando la inflación era del 25% mensual, todo lo tapaba. Era el ruido ensordecedor que impedía escuchar cualquier otra cosa. Al bajar, emergen los dolores que siempre estuvieron ahí: la cuota del alquiler, la factura del gas, el precio del tomate, el colectivo. Eso no es un fracaso del programa económico; es lo que pasa cuando se retira la anestesia. Se siente lo que antes no se podía sentir.

Pero hay otra parte de la respuesta que es cultural, y esa es la que nos interesa explorar acá.

La cultura de la queja como anestesia propia

Argentina lleva setenta años construyendo una arquitectura institucional y simbólica basada en una promesa: el Estado te resuelve. El subsidio, la tarifa congelada, el empleo público, el plan social, la jubilación anticipada, el precio máximo. Cada una de esas intervenciones, pensada con la mejor intención redistributiva del mundo, hizo lo mismo: desconectó al ciudadano de la relación entre esfuerzo y resultado.

Hayek lo explicó con precisión quirúrgica: cuando el precio deja de ser señal, el mercado deja de funcionar como coordinador. Pero hay una dimensión que Hayek dejó implícita y que Mises rozó en sus escritos sobre la acción humana: cuando el precio deja de ser señal, también deja de ser escuela. La persona que nunca pagó la electricidad a precio real no aprendió a ahorrar energía. La persona que recibió el alquiler subsidiado no aprendió a negociar un contrato. La persona que heredó un cargo público no aprendió a vender su trabajo.

El resultado, después de décadas, es una sociedad con bajísima tolerancia al costo y bajísima capacidad de adaptación. No porque los argentinos sean flojos —esa sería una lectura racista y equivocada— sino porque el sistema de incentivos los entrenó para esperar, no para actuar.

El mérito como herramienta de salida, no como insulto

Cuando desde ciertos sectores se menciona la meritocracia, la reacción es casi pavloviana: se la acusa de ignorar el contexto, de naturalizar la desigualdad, de ser el discurso de los privilegiados. Esa crítica tiene algo de cierto en sus versiones más ingenuas —nadie arranca de cero en igualdad de condiciones— pero usa ese matiz válido para descartar la idea completa, y ahí comete un error enorme.

La meritocracia no es la afirmación de que todos parten iguales. Es la afirmación de que el esfuerzo, la iniciativa y la responsabilidad personal son condiciones necesarias —aunque no suficientes— para mejorar. Eliminar esa conexión no protege a los vulnerables; los atrapa. Les dice que su situación es irreversible sin intervención externa, que no tienen agencia, que necesitan que alguien más decida por ellos. Eso no es solidaridad. Es paternalismo con buenas intenciones.

José Hernández Arregui no es nuestro referente, pero sí lo es Juan Bautista Alberdi, que en las Bases fue explícito: la Argentina que produzca necesita ciudadanos que trabajen, que inviertan, que asuman riesgos. No administradores de subsidios.

Lo que la encuesta no pregunta

La encuesta mide malestar. No mide qué hizo cada encuestado para mejorar su situación en el último año. No pregunta si buscó capacitarse, si exploró un segundo ingreso, si emprendió algo pequeño, si ahorró aunque sea en dólares billete. No es una crítica a la metodología —eso no es lo que miden las encuestas de opinión— sino una advertencia sobre cómo se leen.

Cuando el 66% dice que la economía está peor, parte tiene razón en términos absolutos: el poder adquisitivo real cayó durante el proceso de corrección de precios relativos que era inevitable después de años de cepo, subsidios y emisión. Eso es real y duele. Pero otra parte de ese 66% está midiendo algo distinto: está midiendo la distancia entre lo que esperaba recibir del sistema y lo que el sistema hoy puede darle. Y esa brecha es, en parte, una brecha de expectativas construidas sobre promesas insostenibles.

Friedman tenía una frase que aplica directamente: no existe el almuerzo gratis. Durante décadas, Argentina fingió que sí existía. La encuesta mide, entre otras cosas, el momento en que la cuenta llega a la mesa.

El camino es largo, pero tiene dirección

Nada de esto implica que el ajuste sea indoloro ni que haya que celebrar el sufrimiento de nadie. Los trade-offs son reales. Hay sectores que perdieron ingresos de manera genuina, que no tienen colchón de ahorro, que enfrentan decisiones imposibles entre la comida y el alquiler. Eso exige política social focalizada, eficiente, sin clientelismo —no su eliminación, sino su transformación.

Pero el debate de fondo no es cuánto gasta el Estado. Es qué valores sostiene la sociedad cuando mira el espejo. Si la respuesta al malestar es siempre "que el Estado resuelva", vamos a repetir el ciclo. Si la respuesta empieza a incluir "qué puedo hacer yo", algo cambia.

Esa segunda pregunta no es cómoda. No es popular. Pero es la única que tiene respuesta productiva. Y es la que este medio, fiel a su línea, va a seguir haciendo aunque incomode.

Fuentes citadas

  1. Enterate Noticias — Encuesta: el 66% cree que la economía está peor — Fuente original de la encuesta citada en el artículo.
  2. INDEC — Índice de Precios al Consumidor — Datos oficiales de inflación mensual e interanual para contrastar con la percepción ciudadana.
  3. BCRA — Variables financieras y monetarias — Referencia para el contexto de desaceleración inflacionaria y política monetaria del período analizado.

Preguntas frecuentes

¿Qué mide exactamente la encuesta que dice que el 66% cree que la economía está peor?
Mide percepción subjetiva del estado económico, no indicadores objetivos como PBI, inversión o empleo formal. La percepción está influenciada por el contexto político, los medios y las expectativas previas, no sólo por los datos duros.
¿Por qué el costo de vida desplazó a la inflación como preocupación principal?
Cuando la inflación era extremadamente alta, dominaba todas las preocupaciones. Al desacelerarse, emergen otros dolores cotidianos —alquileres, servicios, alimentos— que siempre existieron pero quedaban tapados por el ruido inflacionario.
¿Defender la meritocracia implica ignorar la desigualdad de origen?
No. La meritocracia bien entendida reconoce que los puntos de partida son distintos, pero sostiene que el esfuerzo y la responsabilidad individual son condiciones necesarias para la mejora. Negarlas no protege a los vulnerables, los condena a la dependencia.
¿El programa económico actual es responsable del malestar que muestra la encuesta?
En parte sí: la corrección de precios relativos —tarifas, tipo de cambio, subsidios— redujo el poder adquisitivo real en el corto plazo. Pero ese costo era inevitable después de años de distorsiones acumuladas. La pregunta relevante es si el camino lleva a un equilibrio sostenible.
¿Qué política social es compatible con una visión liberal?
Una que sea focalizada en los más vulnerables, transparente en su ejecución, temporaria en su diseño y orientada a generar capacidades, no dependencia. El subsidio universal e indefinido no es política social; es administración del estancamiento.