Insaurralde y el gasto público: crónica del yate que hundió al kirchnerismo

El mismo kirchnerismo que hablaba de austeridad: ahora paseando en yate por Marbella

Hay episodios que no necesitan editorial: se editorializan solos. Las fotos de Martín Insaurralde en el yate Bandido amarrado en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici, con relojes de lujo y bolsas de compras de marcas europeas, se publicaron el 22 de septiembre de 2023. Dos días después, el entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires renunciaba a su cargo.

El problema no es que un ciudadano argentino se tome vacaciones caras. El problema es que quien las tomaba era el número dos de la provincia más endeudada del país, con un sueldo declarado que no daba ni por asomo para semejante despliegue, en un año en que la pobreza en el conurbano bonaerense superaba el 45% según datos del INDEC.

Y el problema mayor, el que este medio quiere poner sobre la mesa, es que el caso Insaurralde no es una anécdota: es el síntoma más visible de un modo de entender el Estado.

Los números que no cierran: sueldo declarado vs. tren de vida

Según las escalas salariales publicadas por el Ministerio de Economía bonaerense y reportes de medios como La Nación y Clarín, el sueldo bruto de un jefe de Gabinete provincial en septiembre de 2023 rondaba los 2 millones de pesos mensuales —unos 5.700 dólares al tipo de cambio oficial de entonces, o cerca de 2.700 dólares al blue.

Ahora hagamos el ejercicio que la Justicia todavía está haciendo:

• El yate Bandido, según registros de agencias náuticas de Marbella, se alquilaba desde 8.000 euros por día en temporada.
• Sofía Clerici exhibió en su Instagram bolsas de Louis Vuitton, Chanel y relojes cuyo valor de mercado supera los 20.000 dólares por unidad.
• El viaje incluyó vuelos internacionales, hoteles cinco estrellas y consumos que, sumados, superan varias veces el ingreso anual declarado del funcionario.

La aritmética es la parte fácil. La parte incómoda es política: el orden fiscal que promueve la confianza inversionista empieza por que los administradores del dinero ajeno no lo traten como propio.

Cronología del papelón

Para que no se pierda en el ruido, conviene ordenar los hechos:

1. 22 de septiembre de 2023: la periodista Marina Calabró y el portal LaPolíticaOnline difunden las fotos del yate. Sofía Clerici había subido el material a Instagram y lo bajó horas después.
2. 23 de septiembre: se viralizan los videos con relojes y compras de lujo. La imagen de Insaurralde en la embarcación se replica en todos los medios.
3. 24 de septiembre: Insaurralde presenta la renuncia a Axel Kicillof. La deja como "para no perjudicar la campaña", en plena recta final de la elección presidencial.
4. Octubre 2023: la Justicia federal de La Plata abre una causa por posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
5. 2024: se traban embargos sobre bienes vinculados al ex funcionario y su entorno, incluyendo propiedades y vehículos.

El detalle que casi nadie subrayó: Insaurralde había sido intendente de Lomas de Zamora durante más de una década, candidato a gobernador en 2015 y una de las figuras de mayor peso territorial del PJ bonaerense. No era un outsider: era cuadro central del sistema.

El costo político-fiscal: una provincia que pedía asistencia mientras su jefe de Gabinete alquilaba yates

Acá está el nudo del asunto. En 2023, la provincia de Buenos Aires cerró el ejercicio con un déficit financiero cercano a los 600.000 millones de pesos, según los propios informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda bonaerense. Ese déficit se cubrió con transferencias discrecionales del Tesoro Nacional y con endeudamiento.

Es decir: mientras el jefe de Gabinete se paseaba en el Mediterráneo, la administración que él coordinaba le pedía plata a Nación —o sea, a los contribuyentes de todo el país— para pagar sueldos, jubilaciones provinciales y obras.

El kirchnerismo llevaba dos décadas hablando de "militancia", "austeridad revolucionaria" y "vivir con lo nuestro". Insaurralde vivía, evidentemente, con lo de otros. Y no es un caso aislado: es el modelo. Como analizamos en el pacto que la Argentina viene rompiendo hace medio siglo, la separación entre lo público y lo privado dejó de ser una frontera hace tiempo.

El agujero de transparencia: por qué no lo vimos antes

Una pregunta legítima: ¿cómo un funcionario con ese patrimonio y ese tren de vida no había sido detectado antes por los mecanismos de control?

La respuesta es incómoda y estructural:

• Declaraciones juradas opacas: la Oficina Anticorrupción y los organismos provinciales tienen sistemas de DDJJ que se completan pero rara vez se cruzan con movimientos bancarios, viajes o consumos declarados ante AFIP.
• Ausencia de auditorías cruzadas: la SIGEN nacional no audita provincias; los tribunales de cuentas provinciales dependen políticamente de las gobernaciones que deben controlar.
• Uso de terceros: muchos gastos se canalizan a través de allegados, empresas familiares o testaferros, lo que dificulta el rastreo patrimonial directo.
• Fuero político: los controles judiciales sobre altos funcionarios avanzan lentamente y muchas veces solo cuando el poder político protector se debilita.

Esto no es un problema técnico: es un problema de diseño institucional. Como venimos señalando al analizar por qué Argentina no despega en materia institucional, la impunidad relativa de la casta política es una de las razones por las que el capital no llega y el que estaba se va.

Y encima: el goteo permanente del gasto en viajes oficiales

El caso Insaurralde llamó la atención por lo grosero, pero el gasto en viajes oficiales del Estado argentino —nacional, provincial y municipal— es un rubro que merece revisión permanente. Según reportes de organizaciones como Chequeado y coberturas del diario La Nación, los gastos en pasajes, viáticos y misiones al exterior de funcionarios sumaron en años recientes cifras equivalentes a decenas de millones de dólares anuales solo en la administración central.

El problema no es que un funcionario viaje: hay viajes necesarios, negociaciones internacionales, misiones comerciales legítimas. El problema es:

• La discrecionalidad en la selección de quién viaja y con qué comitiva.
• La ausencia de rendición pública, granular y en tiempo real de esos gastos.
• La desproporción entre el retorno esperado del viaje y su costo.
• El uso de aviones oficiales para trayectos que podrían resolverse con vuelos comerciales.

El caso emblemático de Insaurralde fue privado en su forma —no viajó con avión oficial—, pero su patrimonio y capacidad de gasto son inseparables de la carrera pública que hizo. La distinción entre "viaje pagado por el Estado" y "viaje pagado con plata cuyo origen no puede justificarse por el salario público" es, en la práctica, un tecnicismo.

Lo que este caso enseña sobre el tamaño del Estado

Acá conviene ser honestos con el trade-off. El liberalismo no dice que reduciendo el Estado desaparece la corrupción: dice algo más modesto y más importante. Cuanto más grande, más discrecional y menos auditado es el Estado, mayores son las oportunidades y los incentivos para el uso indebido de recursos públicos.

Un Estado con 25 ministerios, cientos de secretarías, miles de cargos de confianza y presupuestos discrecionales genera, por diseño, más márgenes para el Insaurralde de turno. Un Estado más chico, con funciones claras, presupuestos rígidos y auditoría cruzada, no elimina la tentación humana pero la encapsula.

Como escribió Hayek, el problema no es que los políticos sean peores personas que el resto: es que el poder discrecional atrae y premia perfiles que abusan de él. Reducir el poder discrecional es reducir el incentivo. Es exactamente lo mismo que planteamos al hablar de fotomultas y la máquina de recaudar disfrazada de seguridad vial: cuando el Estado descubre un mecanismo de extracción, lo abusa hasta el hartazgo.

Lo que sigue: causas abiertas y aprendizaje pendiente

La causa contra Insaurralde sigue abierta. Los tiempos judiciales argentinos, ya lo sabemos, son geológicos. Pero más allá del desenlace penal —que interesa por justicia individual—, el aprendizaje colectivo pendiente es más grande.

Mientras existan cajas provinciales opacas, contrataciones directas, declaraciones juradas sin cruces automáticos y una cultura política que naturaliza el enriquecimiento de los funcionarios, van a seguir apareciendo fotos incómodas cada tanto. Con o sin yate. Con o sin Marbella.

La buena noticia es que este tipo de escándalos, cuando estallan, corren el techo de lo tolerable. La sociedad argentina de 2023 no toleró lo que quizás en 2003 hubiera pasado como "cosas de la política". Ese cambio cultural es, en definitiva, la única barrera real contra la próxima foto del próximo yate.