El juicio a Cristina y la deuda que la política tiene con la Justicia

El viernes que volvió a llegar

Hay noticias que uno lee y siente que ya las leyó. Esta es una de esas. Arranca un nuevo juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, esta vez por lavado de activos, y el ciclo se repite con una puntualidad casi irónica: declaraciones cruzadas, operaciones de prensa en ambas trincheras, y la certeza de que el debate público va a girar durante semanas alrededor de si el proceso es legítimo o una persecución, si los jueces son independientes o cipayos, si la ex presidenta es víctima o victimaria.

Yo ya no quiero tener esa discusión. O mejor dicho: esa discusión me parece el síntoma, no la enfermedad.

Según qpasó, que relevó las acusaciones una por una, el juicio que arranca este viernes tiene su eje en el origen y destino de fondos vinculados a la obra pública durante los años kirchneristas. No es un expediente menor ni una causa inventada de la nada: tiene años de instrucción, testimonios, peritos y documentación. Puede terminar en absolución, puede terminar en condena. Pero el hecho de que estemos acá, otra vez, con otra causa, con otra audiencia inaugural, dice algo sobre nosotros como sociedad que me parece más importante que el veredicto final.

Lo que normalizamos sin darnos cuenta

Cuando era chico, recuerdo que los escándalos de corrupción en otros países generaban crisis de gobierno inmediatas. Ministros que renunciaban por una licitación sospechosa. Presidentes que se iban por contratos mal explicados. En Argentina aprendimos a procesar eso de otra manera: la sospecha se vuelve parte del paisaje, se judicializa, se politiza, y al final nadie sabe bien qué pasó pero todos eligieron bando.

Eso tiene un costo concreto, medible, que va mucho más allá de la indignación moral. Hayek lo explicaba con claridad: la previsibilidad de las reglas —incluyendo las penales— es condición necesaria para que los agentes económicos tomen decisiones de largo plazo. Cuando el sistema judicial es percibido como un instrumento político más, esa previsibilidad desaparece. Y sin ella, la inversión no llega, el crédito se encarece y el horizonte de planeamiento de cualquier empresa se achica hasta lo ridículo.

Argentina lleva décadas pagando ese costo. No es el único factor de nuestro atraso, claro. Pero es uno de los que menos se discute con seriedad.

El problema no es solo Cristina

Quiero ser honesto acá porque me parece que la honestidad intelectual lo exige: el deterioro institucional que hace posible que un juicio de esta magnitud tarde tanto en llegar a juicio oral, que se discuta más la legitimidad del tribunal que la evidencia, y que el acusado pueda ejercer cargos públicos mientras tanto, no es un problema que haya creado el kirchnerismo solo.

Es un problema estructural argentino. Hubo funcionarios de otros gobiernos que también se beneficiaron de licitaciones oscuras, de contratos inflados, de fondos que viajaron sin demasiadas preguntas. La diferencia es de escala y de centralización, no de naturaleza.

Lo que el kirchnerismo sí hizo con particular eficacia fue construir un relato que convirtió la sospecha en virtud: si te investigan, es porque sos un amenaza para el poder. Si hay una causa judicial, es una conspiración. Esa narrativa contaminó la conversación pública de una manera que todavía no terminamos de limpiar. Y lo más preocupante es que partidos de otros signos aprendieron el truco y lo usan cuando les conviene.

Lo que debería importarnos más allá del resultado

Si Cristina Kirchner es absuelta, los que la defienden van a decir que era inocente desde el principio y que todo fue una operación. Si es condenada, los que la persiguen van a decir que finalmente se hizo justicia. En ninguno de los dos casos vamos a tener una conversación seria sobre cómo evitar que esto vuelva a pasar.

Esa es la conversación que me interesa. No como abstracción sino como política concreta: independencia real del Poder Judicial, con mecanismos de selección de magistrados que no dependan del humor del Ejecutivo de turno. Transparencia en la obra pública, con auditorías en tiempo real y acceso abierto a los datos de contratación. Incompatibilidades claras entre el ejercicio de cargos y la gestión de activos privados. Financiamiento político transparente, con trazabilidad real de los fondos de campaña.

Nada de esto es revolucionario. Son estándares que países con instituciones medianamente funcionales tienen hace décadas. En Argentina seguimos discutiendo si son necesarios mientras esperamos el próximo juicio.

El costo que pagamos todos los días

Hay algo que me resulta difícil de explicarle a alguien que no vive acá: la corrupción sistémica no es solo un problema ético. Es un impuesto. Un impuesto regresivo, además, porque lo pagan más los que menos tienen.

Cuando una licitación de obra pública se sobrevalúa, el dinero que sobra no aparece de la nada: salió de algún lado. Salió del presupuesto, que se financia con impuestos o con deuda. La deuda la pagamos todos, con inflación o con ajuste. Los impuestos los pagan principalmente los que trabajan en blanco, los que tienen empresa formal, los que no pueden evadir porque no tienen cómo. El que cobra el soborno vive bien. El que paga el impuesto inflacionario o el recorte de jubilaciones para cerrar las cuentas no sabe bien por qué le va mal, pero le va mal.

Eso es lo que está en juego en este juicio, aunque no se diga así. No es la libertad de Cristina Kirchner. Es si Argentina es capaz de procesar institucionalmente su propia historia sin que el proceso se convierta en otra herramienta de disputa política.

Una apuesta que todavía no ganamos

Soy cautelosamente optimista. No porque confíe en que este juicio en particular vaya a terminar bien —no lo sé y sería deshonesto pretender que sí—, sino porque el hecho de que exista, de que haya llegado a juicio oral después de años de instrucción, de que haya jueces dispuestos a avanzar con él, dice algo. Dice que hay partes del sistema que todavía funcionan, que todavía hay actores institucionales que no se doblan ante la presión.

Alberdi lo decía con otras palabras pero el argumento es el mismo: las instituciones no se construyen de una vez, se consolidan con cada decisión que las respeta. Cada vez que un tribunal actúa con independencia, cada vez que una condena se sostiene en apelación, cada vez que un funcionario rinde cuentas por lo que hizo, se pone un ladrillo más.

Este viernes arranca algo que puede ser un ladrillo o puede ser otra batalla en una guerra que nadie gana. Ojalá sea lo primero. Y ojalá, esta vez, nos tomemos el tiempo de mirar más allá del resultado para preguntarnos cómo construimos un país donde este tipo de juicios sean la excepción y no el calendario.

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