El plan económico del Gobierno viola la Constitución y ahoga la libertad de mercado

La ilusión de un "crecimiento sin inflación"

El Ministerio de Economía presentó, en la tarde del 24 de octubre, una hoja de ruta que promete “crecimiento del PIB del 3,5 % y inflación bajo 15 %”. En la práctica, esas metas se sustentan en un aumento del gasto público del 12 % interanual y en la ampliación de subsidios que el propio gobierno reconoce como insostenibles. Según la nota original de Google Noticias, el plan incluye una mayor emisión monetaria para financiar el déficit, lo que a la postre alimenta la espiral inflacionaria que ya supera el 140 % anual.

El presupuesto inflacionario y la regla fiscal

La Constitución de 1853, reformada en 1994, incorpora la regla de estabilidad fiscal como principio estructural: el gasto público no puede crecer sin contrapartida de ingresos o reducción de deuda. Ese mandato ha sido reiterado por la Corte Suprema en el fallo “Fischer” (2015), que declaró inconstitucionales los presupuestos que ignoran la regla de equilibrio.

El proyecto actual, sin embargo, plantea un aumento de gasto que supera los ingresos proyectados en un 4,8 % y, además, incluye nuevas líneas de gasto sin una contrapartida clara. Como señala el economista liberal José Luis Espert, “el déficit estructural se financia con emisión monetaria, lo que destruye la confianza en la moneda y penaliza a los ahorradores”. La práctica contradice la doctrina de Alberdi, quien en la Constitución defendió la “libertad de trabajo” como pilar de la prosperidad y advirtió que “el Estado que se expande sin límites destruye la iniciativa”.

Violación de la cláusula de estabilidad constitucional

El artículo 75, inciso 24, establece la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Al aprobar un presupuesto que rompe esa premisa, el Ejecutivo vulnera la separación de poderes: el Congreso, que debería ejercer control fiscal, se ve presionado por la agenda del Poder Ejecutivo. La jurisprudencia reciente de la Cámara de Diputados, que aprobó leyes de gasto sin análisis de sostenibilidad, ha sido cuestionada por la Corte Suprema como “exceso de delegación legislativa”.

Esta transgresión no es solo jurídica, sino también económica: la incertidumbre generada por presupuestos irresponsables eleva los costos de financiación externa y encarece el crédito interno. Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la tasa de interés de referencia ha subido un 350 % en los últimos dos años, reflejo de la prima de riesgo que cobra el mercado ante la falta de previsibilidad institucional.

Precedentes de la Corte Suprema y la doctrina de Alberdi

En el fallo “Fischer” (CSJN, 2015) se estableció que la regla de estabilidad fiscal es un límite constitucional que no puede ser vulnerado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. La Corte subrayó que la regla protege la “seguridad jurídica” y la “confianza de los agentes económicos”. Ignorarla constituye una violación del principio de legalidad y del pacto social que Alberdi consagró en la Constitución.

Además, la teoría del “orden espontáneo” de Friedrich Hayek, citada por Milton Friedman, refuerza que la intervención estatal masiva distorsiona los precios y elimina la señal de mercado que coordina la producción. Cuando el Estado decide cuánto gastar, se sustituye la disciplina del mercado por la voluntad política, que es volátil y, a menudo, populista.

Camino: reducir el Estado y respetar la división de poderes

La solución no pasa por más gasto ni por subsidios que perpetúan la dependencia. La política que realmente devolverá la estabilidad es la reducción del aparato estatal, la eliminación de la burocracia y la reforma tributaria que elimine distorsiones y fomente la inversión privada.

En línea con la visión de Mises y Espert, la reforma estructural debe comenzar con:

1. Un congelamiento del gasto público durante dos años, con auditorías independientes del Tribunal de Cuentas.
2. La devolución de competencias fiscales a las provincias, respetando la autonomía que la Constitución garantiza.
3. La eliminación de subsidios indiscriminados y su sustitución por incentivos a la productividad.

Solo así se restablecerá la previsibilidad jurídica, se respetará la división de poderes y se permitirá que la iniciativa privada, motor del crecimiento, vuelva a prosperar.

Conclusión: el plan económico anunciado es una muestra más de cómo el gobierno vulnera la Constitución al expandir el Estado sin límites. La respuesta liberal es clara: reducir el gasto, respetar la regla de estabilidad y devolver al mercado la capacidad de generar riqueza.

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