Las retenciones nos robaron una década. Brasil lo sabe.

El mapa que me quedó grabado

Hace un par de años, en una charla de productores agropecuarios en Rosario, alguien proyectó un mapa de expansión de la frontera sojera en Sudamérica entre 2003 y 2023. Argentina crecía tímidamente, casi en cámara lenta. Brasil, en cambio, avanzaba como mancha de tinta sobre el Cerrado: Mato Grosso, Goiás, Bahía. La sala quedó en silencio. No porque nadie lo supiera —todos lo sabían— sino porque verlo así, en colores, duele de una manera particular.

Esa imagen me vino a la mente cuando leí el análisis de La Nación sobre la soja y la "década perdida", que reconstruye cómo las retenciones argentinas funcionaron como una plaga silenciosa sobre la competitividad del sector. No me sorprendió ningún dato. Me sorprendió, una vez más, que todavía haya que explicarlo.

Retenciones: un impuesto que miente sobre lo que es

Llamo a las retenciones un impuesto que miente porque sus defensores siempre las presentaron como algo distinto: una "herramienta de desacople", un "mecanismo de distribución", una forma de que "la renta extraordinaria de la tierra vuelva al pueblo". Cada una de esas frases es, en el mejor caso, una verdad a medias y, en el peor, un eufemismo para describir una confiscación.

Lo que hacen las retenciones, en términos concretos, es sencillo: toman una porción del precio internacional que recibe el productor y se la dan al Estado. No hay magia redistributiva. El productor recibe menos de lo que el mercado mundial pagaría por su trabajo. Esa diferencia la administra la burocracia, con toda la eficiencia que eso implica.

Mises lo explicó con claridad meridiana: cuando el Estado interviene el precio de un bien, genera consecuencias que luego obligan a nuevas intervenciones para corregir los desequilibrios de la anterior. Las retenciones no fueron la excepción. Deprimieron la inversión en tecnología, frenaron la incorporación de tierras marginales, desincentivaron el almacenamiento y la logística privada, y empujaron a muchos productores chicos directamente a la quiebra. Todo eso mientras el Estado prometía que el dinero recaudado iba a financiar hospitales y escuelas. Ya sabemos cómo terminó esa historia.

Lo que Brasil hizo mientras nosotros debatíamos

Brasil no es un país sin problemas. Tiene corrupción, tiene burocracia, tiene desigualdad. Pero en materia de política agropecuaria tomó una decisión que Argentina no pudo o no quiso tomar: tratar al sector como un activo estratégico en lugar de una vaca lechera fiscal.

Mientras Argentina subía retenciones a la soja hasta niveles que en algunos momentos rozaron el 35%, Brasil construía infraestructura de transporte hacia los puertos del norte, desarrollaba variedades adaptadas al Cerrado a través de la EMBRAPA, facilitaba el acceso al crédito rural con tasas subsidiadas y previsibles, y firmaba acuerdos comerciales que abrieron mercados. No hizo todo bien, pero hizo las cosas que importaban.

El resultado es visible sin necesitar un mapa: Brasil es hoy el mayor exportador mundial de soja. Argentina, que supo ser el jugador dominante en el mercado global de aceite y harina de soja, fue perdiendo posiciones relativas en una carrera que nunca debió haber sido tan despareja.

Lo más doloroso no es que Brasil nos haya ganado. Lo más doloroso es que nosotros nos autogolpeamos.

El argumento de la "renta extraordinaria" y por qué no cierra

Entiendo el atractivo político del argumento. La tierra en la pampa húmeda produce con una fertilidad que no existe en muchos otros lugares del mundo. Esa ventaja comparativa genera ganancias que, a primera vista, parecen inmerecidas. ¿Por qué no capturar parte de esa renta para el bien común?

El problema es que el argumento ignora varios escalones de la cadena lógica. Primero: la renta de la tierra ya está gravada por el impuesto inmobiliario rural y, en parte, por Ganancias. Las retenciones son un impuesto adicional sobre la misma base. Segundo: la "renta extraordinaria" no es constante —depende de los precios internacionales, del tipo de cambio, de los costos de insumos— y un impuesto fijo sobre el precio bruto castiga igual en años malos que en años buenos. Tercero, y más importante: el Estado argentino demostró durante décadas que no convierte esa renta capturada en infraestructura, en ciencia, en educación técnica agropecuaria. La convierte en gasto corriente, en subsidios a la energía en el AMBA, en empleo público de baja productividad.

Dicho de otro modo: el argumento de la redistribución exige confiar en que el Estado va a hacer algo útil con el dinero. Esa confianza, en Argentina, no tiene sustento empírico.

La trampa de la dependencia fiscal

Aquí es donde la cosa se pone más incómoda, incluso para quienes estamos a favor de eliminar las retenciones: el problema no es solo ideológico. Es estructural.

El Estado argentino se volvió adicto a la recaudación de retenciones. En los años de precios altos de commodities, ese ingreso financió una expansión del gasto público que luego se volvió imposible de sostener sin el mismo nivel de presión sobre el campo. Cuando los precios bajaron o cuando se intentó reducir las alícuotas, apareció el fantasma del déficit. La trampa estaba tendida.

Eso es exactamente lo que Hayek llamaba el camino de servidumbre: cada intervención crea dependencias que hacen políticamente más difícil la siguiente corrección. Las retenciones no son una política fiscal neutral. Son una trampa que se cierra sola.

La gestión de Milei heredó esta estructura y está intentando reducir la presión sobre el sector, aunque con la gradualidad que impone la necesidad de equilibrio fiscal. Es un trade-off real, no una excusa. Pero la dirección importa: si el objetivo declarado es bajar retenciones a medida que se consolida el superávit, hay que sostener esa dirección con coherencia, sin ceder a la tentación de volver a usarlas como variable de ajuste ante el primer sacudón externo.

Lo que elegimos perder

Vuelvo al mapa de Rosario. Lo que ese mapa mostraba no era solo una diferencia de superficie sembrada. Mostraba el costo de oportunidad de veinte años de mala política. Mostraba pueblos del interior que podrían haber crecido con agroindustria y en cambio se vaciaron. Mostraba exportaciones que no existieron, empleos privados que no se crearon, tecnología que no se desarrolló.

Alberdi lo hubiera entendido de inmediato: la riqueza de las naciones no se decreta, se construye con reglas previsibles, propiedad respetada y libertad para producir. Argentina eligió, durante demasiado tiempo, el camino contrario.

Brasil no ganó por casualidad. Ganó porque eligió mejor. Y nosotros perdimos porque elegimos mal, y encima lo defendimos con argumentos que sonaban a justicia social y olían a caja fiscal.

Esa honestidad, al menos, nos la debemos.