Milei y el acto AMIA: qué cambió en seguridad institucional a 31 años

Qué medidas de seguridad institucional tomó Milei respecto del atentado a la AMIA

El gobierno de Milei declaró a Hamas organización terrorista en 2024, reactivó los pedidos de captura internacional contra los imputados iraníes, y respaldó el fallo de Casación que declaró a Irán responsable del atentado como crimen de lesa humanidad. En paralelo, el presupuesto de la SIDE se reestructuró vía DNU 656/2024, aunque la causa AMIA sigue sin juicio en ausencia efectivo.

Es un giro de 180 grados respecto de la política exterior kirchnerista, que en 2013 firmó el Memorándum con Irán para "cooperar" con los mismos acusados. La diferencia entre una gestión y otra no es retórica: es institucional.

El mismo kirchnerismo que firmó con Irán ahora habla de memoria

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández firmó con la República Islámica de Irán un memorándum de entendimiento que creaba una "comisión de la verdad" mixta con el propio país acusado de haber planificado el atentado. El fiscal Alberto Nisman denunció esa maniobra en enero de 2015 como un intento de encubrimiento. Cuatro días después apareció muerto en su departamento.

La Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum en 2015 y la Corte Suprema ratificó esa decisión. Pero el daño diplomático ya estaba hecho: durante más de una década, Argentina jugó a dos puntas con el Estado que voló la AMIA.

Hoy los mismos dirigentes que impulsaron ese pacto hablan de "memoria, verdad y justicia" en cada aniversario. La memoria selectiva es una forma barata de política. La verdad institucional exige otra cosa: coherencia entre lo que se firma y lo que se dice.

Lo que efectivamente hizo la gestión Milei

En julio de 2024, por Decreto 682/2024, el Poder Ejecutivo incluyó a Hamas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo (RePET), administrado por la UIF. Es la primera vez que Argentina toma esa medida de forma explícita y unilateral.

En abril de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el atentado a la AMIA constituyó un crimen de lesa humanidad y responsabilizó al Estado iraní por su planificación y a Hezbollah por su ejecución. El fallo no es cosmético: habilita la imprescriptibilidad y refuerza los pedidos de captura ante Interpol.

En paralelo, el DNU 656/2024 reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reorganizando sus áreas y ampliando fondos reservados. Es una decisión discutible en términos de transparencia —lo señalamos en su momento— pero apunta a recomponer capacidad de inteligencia, incluida la vinculada a terrorismo internacional. La discusión sobre reglas y controles institucionales de ese aparato sigue abierta, como analizamos en instituciones y desarrollo económico.

Los datos que nadie muestra: 31 años sin condenados

A 31 años del atentado, el estado real de la causa judicial es el siguiente:

• Cero condenados por la planificación o ejecución del atentado.
• Ocho ciudadanos iraníes con circular roja de Interpol vigente desde 2007, entre ellos Mohsen Rezai y Ali Fallahian.
• Juicio en ausencia: nunca se realizó en Argentina porque la legislación no lo permitía. En 2024 el Congreso empezó a discutir un proyecto para habilitarlo, con impulso oficial.
• Causa por encubrimiento: los ex funcionarios kirchneristas imputados por el Memorándum siguen en proceso.

El contraste con el discurso oficial K de la década pasada es brutal. Se hablaba de "verdad" mientras se firmaba con los acusados. Se hablaba de "justicia" mientras un fiscal denunciaba encubrimiento y aparecía muerto. Sobre eso escribimos también en Laje, impunidad e Insaurralde: la Justicia argentina no llega porque el poder político durante décadas se ocupó de que no llegara.

Presupuesto y capacidad real de investigación

La Unidad Fiscal AMIA, creada en 2004 y encabezada durante años por Nisman, sigue operativa bajo dirección del fiscal Sebastián Basso. Los recursos históricos fueron discretos: personal reducido, dependencia de cooperación internacional, y presupuesto que nunca reflejó la magnitud del caso más grave de terrorismo en suelo argentino.

El DNU 656/2024 reasignó fondos reservados dentro de la nueva estructura de inteligencia. La cifra exacta no es pública —esa es la naturaleza de los fondos reservados— pero fuentes oficiales indicaron una ampliación respecto de la línea base 2023. La contracara es institucional: fondos sin control parlamentario robusto son un problema, no una solución. La Comisión Bicameral de Fiscalización de organismos y actividades de inteligencia debería tener rol activo, y hasta hoy funciona a media máquina.

En términos operativos, se reforzaron los canales con la FBI y el Mossad para intercambio de información sobre la red logística del atentado —una cooperación que existió siempre pero que había perdido intensidad después del Memorándum con Irán.

Reglas, previsibilidad y política exterior

Desde el eje instituciones que trabajamos en República Libre, el punto central es este: la seguridad institucional no es un slogan de aniversario, es la capacidad del Estado de sostener reglas claras en el tiempo. Argentina firmó tratados antiterrorismo, los violó firmando con Irán, después declaró inconstitucional lo firmado, y ahora vuelve a alinearse con la posición original.

Ese zigzag es exactamente lo que Alberdi y Hayek advirtieron en contextos distintos: sin previsibilidad de las reglas, no hay república. Un país que cambia de política antiterrorista según quién gobierne no puede pedir seriedad ni a sus aliados ni a sus propios ciudadanos. El pacto que la Argentina viene rompiendo hace medio siglo también incluye esto: el pacto institucional básico de que las víctimas del terrorismo merecen justicia y no negociación.

La gestión Milei rompió con esa ambigüedad. Se puede discutir la ejecución, los tiempos, las formas —y hay que discutirlos— pero la línea es coherente: Hamas es organización terrorista, Irán es responsable, los prófugos deben ser capturados. Eso es institucionalidad, no relato.

Y encima: el juicio en ausencia que el Congreso todavía debe

Mientras se discute el aniversario, el proyecto de ley para habilitar el juicio en ausencia sigue en el Congreso. Sin esa herramienta, los ocho imputados iraníes nunca serán juzgados en Argentina —salvo que decidan viajar voluntariamente, cosa que no va a pasar—. Es una reforma técnica pero central. La AMIA no tiene sentencia, entre otras cosas, porque el sistema procesal argentino no contempla juzgar sin el acusado presente.

Los países que enfrentan terrorismo transnacional lo tienen resuelto: Francia, Italia, Israel. Argentina no. La discusión sobre calidad institucional pasa también por acá, por reformas procesales concretas que permitan que 31 años no se conviertan en 40. Sobre esta cultura del "no se puede" ya escribimos en el mérito no espera refuerzos: las instituciones tampoco esperan.

La memoria sin justicia es un ritual. La justicia sin memoria es tecnicismo. Argentina debería aspirar a las dos, y a 31 años del peor atentado de su historia, todavía debe explicaciones —a las víctimas y a sí misma— por haberse pasado décadas conformándose con menos.